El medicamento genérico en España brinda hoy a las administraciones sanitarias una de las herramientas más costo-eficientes en el control del gasto en medicamentos: más de 10.000 millones de euros de ahorro en los últimos 10 años, que inciden de manera muy positiva en el impacto presupuestario de los recursos asignados a la sanidad pública y, al mismo tiempo, favorecen el desarrollo de un sector industrial que contribuye al PIB de manera decidida en términos de productividad (7 de cada 10 medicamentos genéricos consumidos en España se fabrican en nuestro país), empleo, inversión en I+D e incluso balanza exterior.
No obstante y a pesar de ello, la cuota de genéricos alcanzada en España (38% en unidades y 18% en valores) todavía queda lejos de la media alcanzada en los países de nuestro entorno europeo (en torno al 60% en unidades y al 25% en valores). Si, además, analizamos estas cuotas a nivel de las comunidades autónomas, observamos que tradicionalmente se produce una amplia dispersión respecto a la media nacional. De este modo, por ejemplo, llaman la atención el 48% de Castilla León, el 41% del País Vasco o el 39% de Andalucía frente al 29% alcanzado en la Comunidad Valenciana y Canarias o el 27% en Murcia, cifras todas ellas muy alejadas de la media nacional.
Esta situación encuentra su causa en el hecho de que frecuentemente se produce una diferencia en los criterios de interpretación y aplicación de las normas en las diferentes comunidades autónomas e incluso, como venimos observando últimamente, por la implementación de normativas unilaterales que algunas comunidades han decidido iniciar, como es el caso de las subastas andaluzas o los algoritmos de prescripción de la Comunidad Valenciana. Interpretaciones y medidas que, aún entendiendo el delicado momento económico y financiero que atraviesa nuestro país, además de incurrir en posibles transgresiones de la legislación vigente, con frecuencia se vienen revelando como medidas de dudoso valor costo-eficiente para la administración sanitaria y el ciudadano.
Podemos estar de acuerdo en que los recursos económicos para cubrir las necesidades de nuestro sistema sanitario –en términos porcentuales del PIB– tradicionalmente han sido, y son, inferiores a los asignados como media en los países del entorno europeo y parece difícil que actualmente esta situación se revierta. Por ello, quizá hoy más que nunca se hace necesario que Gobierno, administraciones centrales, autonómicas, agentes sanitarios, instituciones y ciudadanos aúnen esfuerzos de manera coherente y coordinada para trabajar en la misma dirección para preservar el Sistema Nacional de Salud y asegurar los recursos financieros suficientes para lograr mantener los estándares de calidad, equidad, cohesión y universalidad en un entorno de unidad de mercado y transparencia, tantas veces demandado por el ciudadano, pero quizá pocas veces conseguido. En definitiva, intentar mejorar también las condiciones mínimas necesarias que nos permitan seguir desarrollándonos como sector industrial, y comprometido con la contribución al PIB, en un marco jurídico estable y dentro de un entorno previsible.
