El nuevo impuesto conocido como “Copago Sanitario” forma parte de la reforma sanitaria impulsada por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y ha contado con el rechazo popular. De hecho, algunas comunidades han dudado del mismo hasta última hora y el País Vasco ha anunciado que no lo aplicará.
Las oficinas de farmacias, a través de sus respectivos colegios profesionales, serán las encargadas de informar a las comunidades autónomas de las cantidades que se debe reembolsar a los pensionistas que adelanten el precio de los medicamentos con el nuevo sistema de copago.
Los pensionistas tendrán un límite mensual entre 8, 18 y 60 euros según sus rentas. Cuando dichos límites se superen, el dinero adelantado se ingresará en la cuenta donde está domiciliada su pensión, sin necesidad de hacer ningún tramite. El reembolso se efectuará en un plazo de entre tres y seis meses y serán las farmacias, a través de sus colegios, las que informen a las comunidades autónomas sobre las cuantías adelantadas por los usuarios. Sólo en el caso de retirar el medicamento fuera de su comunidad autónoma deberá pedir un comprobante para solicitar el reintegro.
La devolución de lo que paguen de más se realizará trimestral o semestralmente en la cuenta bancaria en la que se ingresa la pensión. No obstante, en Andalucía, Cataluña y Galicia se ha implantado un sistema informático que alerta a los farmacéuticos cuando el paciente ha rebasado su tope, con el fin de impedir que adelante dinero.
Los parados que no reciban prestación por desempleo quedarán exentos de pagar por los medicamentos, al igual que las personas con pensiones no contributivas (también las de integración social), los discapacitados y quienes necesiten medicamentos por un accidente de trabajo. FV
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