El convenio es, en esencia, un instrumento de control del gasto, que permite a la Administración cumplir sus objetivos presupuestarios y sus compromisos con Bruselas. Básicamente, prevé que, en caso de que el crecimiento del gasto en medicamentos originales supere al del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, la economía del país, las compañías representadas por Farmaindustria deberán devolver la diferencia.
Al mismo tiempo, el Convenio es una medida de protección de la sostenibilidad del sistema sanitario y, en consecuencia y aún más importante, una garantía para los pacientes, que no ven así en riesgo su acceso a los medicamentos que necesitan.
