Maximizar las posibilidades de acceso de los pacientes a los fármacos más apropiados para ellos; contribuir a la eficiencia económica y a la sostenibilidad del sistema sanitario, y recompensar adecuadamente la innovación con el fin de garantizar el futuro de la I+D biomédica, la generación de nuevo conocimiento científico y el desarrollo futuro de tratamientos cada vez más eficaces. Estos son los tres componentes principales que debe cumplir la financiación pública de medicamentos para beneficio del conjunto de la sociedad, tal como indicó este miércoles Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria, en el marco de la LXXXII Jornada de la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa), centrada en la Financiación de medicamentos: criterios clínicos vs criterios económicos.
“La financiación de nuevos medicamentos constituye un reto regulatorio que tiene como fin principal asegurar el acceso de los pacientes a los medicamentos más adecuados para su dolencia garantizando que se cumplen criterios de eficiencia económica y sostenibilidad y, al mismo tiempo, reconociendo de forma adecuada el esfuerzo realizado en I+D”, concretó Sánchez.
A su juicio, junto a los criterios estrictamente clínicos (valor terapéutico del medicamento, gravedad de la patología, etcétera), resulta esencial que el regulador adopte “una perspectiva social amplia” que contemple además los resultados del medicamento en la calidad de vida de los pacientes, el impacto sobre los gastos individuales y sociales evitados, incluidas las mejoras en productividad laboral, y la contribución que supone para la economía en su conjunto.
Desde el punto de vista de la eficiencia, la incorporación de medicamentos innovadores genera un ahorro para la sociedad de entre dos y ocho veces su coste en el medio y largo plazo, tal como reflejan distintos estudios sobre esta cuestión. En su intervención, Sánchez puso distintos ejemplos que ilustran esta realidad, como lo ocurrido en Reino Unido con la aplicación de la terapia antitrombótica en pacientes con fibrilación auricular, una intervención con un coste anual de 139 libras per cápita que se traduce en un ahorro de 559 libras per cápita en accidentes cerebrovasculares evitados y una reducción del gasto sanitario global de 412 libras per cápita.
Todas estas mejoras en materia de productividad y reducción de gastos sanitarios y sociales (hospitalizaciones, gastos privados que tiene que afrontar la familia en casos de dependencia, etcétera), así como los efectos beneficiosos de las innovaciones a la hora de atraer nuevas inversiones en I+D biomédica y fortalecer nuestro tejido investigador, deben figurar en la ecuación a la hora de decidir la financiación de los nuevos medicamentos por parte del regulador”, indicó el director del Departamento de Estudios de Farmaindustria.
No hay que olvidar, en este punto, que el regulador económico sectorial de la industria farmacéutica “debe tomar sus decisiones desde la perspectiva del conjunto de la sociedad”, que es además ante quien debe rendir cuentas partiendo de un criterio de independencia. En este contexto, “sólo un regulador que adopte una perspectiva social amplia será capaz de integrar los distintos beneficios que supone el fármaco innovador en la sociedad y la economía a la hora de decidir la financiación y precio de un nuevo fármaco”. Para lograrlo, en opinión de Sánchez, es “crucial” realizar un análisis separado de los criterios clínicos y los criterios económicos.
